Noticia publicada en el Diario Gara.

GASTEIZ-. Hay que remontarse a finales de la década de los sesenta para encontrar un momento en el que hubiera más presos políticos vascos que en la actualidad. Más concretamente, al año 1969. Pero ambas situaciones no son comparables, y no sólo porque entonces estuviera vigente en el Estado español una dictadura mientras que ahora rige un sistema supuestamente garantista de las libertades y los derechos.

El gráfico que representaría la situación de los diez últimos años del franquismo sería una línea recta rota de vez en cuando por grandes picos. La media de ciudadanos vascos presos por motivos políticos estaba en aquellos años en unos 300, pero esa regularidad se veía rota en momentos de especial convulsión en los que se practicaban centenares de detenciones. Es el caso del año 1969, que finalizó con 862 presos políticos en las cárceles españolas, o de 1975, que en diciembre arrojaba una cifra de 632 ciudadanos vascos encerrados por su militancia política.

Línea ascendente

Esa tónica de dientes de sierra continuó desde el minuto siguiente a la aplicación de la denominada "Ley de Amnistía" en 1977. Ya a finales de 1978 había 108 presos políticos vascos. Pero, si bien en estas tres décadas se han seguido dando momentos de mayor convulsión que han arrojado más apresamientos y más encarcelamientos, ha habido una serie de elementos que han hecho que aumente el número medio de presos políticos y que, sobre todo en los últimos ocho años, los picos se hayan convertido en una línea continua ascendente.

De hecho, desde el año 2000 hasta la actualidad el número de presos políticos ha aumentado año a año sin excepción, pasando de los 515 de entonces a los 739 de la actualidad. Pero la subida más importante se está dando en los últimos meses: en los ocho que han transcurrido desde el último balance realizado por Etxerat, ha aumentado en 142 el número de prisioneros vascos.

Uno de esos elementos ha sido el encarcelamiento masivo de ciudadanos y ciudadanas vascas por su participación en distintas expresiones de militancia social y política: organizaciones políticas, medios de comunicación, organizaciones juveniles, del ámbito de la euskaldunización o de la desobediencia civil, y todo lo que se acaba englobando en el calificativo genérico de kale borroka...

La otra razón del aumento del número de presos políticos vascos es el alargamiento de las condenas y el aumento de las trabas a la excarcelación, bien por la negativa a liberarlos tras el cumplimiento de los dos tercios o las tres cuartas partes de la condena, bien por seguir presos pese a enfermedades graves e incurables, o bien por la nueva doctrina de cumplimiento total de condena, la llamada "cadena perpetua".

1969, por ejemplo

En 1968, murieron en sendos enfrentamientos armados el militante de ETA Txabi Etxebarrieta y el guardia civil José Pardines. Poco después ETA acabó con la vida del policía Melitón Manzanas. Al día siguiente, el 3 de agosto, se declaró el Estado de Excepción por tres meses en Gipuzkoa, y se restableció el Decreto Ley sobre Bandidaje y Terrorismo, por el que algunos delitos pasaban a depender de la jurisdicción militar. En este contexto se inició el año 1969, en el que se iban a producir 1.953 detenciones en Euskal Herria y se calcula que 300 personas se vieron obligadas a exiliarse. Así las cosas, al finalizar aquel año el número de presos políticos vascos era de 862, que marca un récord. Aunque en 1970 otros 831 ciudadanos vascos fueron apresados por motivaciones políticas, al finalizar este año el número de prisioneros políticos vascos había descendido a 396.

"Cadena perpetua"

Antes de las elecciones locales y forales de mayo del pasado año, Etxerat dio a conocer un balance de la situación del colectivo que conforman sus familiares presos. Entonces, 597 vascos se encontraban dispersados 82 prisiones de tres estados.

Sólo ocho meses después, a las puertas de otra contienda electoral y con el PSOE lanzado a la reconquista del Gobierno español, ésta era la situación que reflejaba Etxerat: 739 vascos encarcelados en 89 prisiones de tres estados: 571 en 53 cárceles españolas; 166 en 34 cárceles francesas; y dos más en Canadá.

En estos ocho meses se han producido más de 300 detenciones (de ellas más de 200 en régimen de incomunicación), y casi la mitad han ingresado en prisión. En unos casos para cumplir largas condenas (macrosumario 18/98); en otros, tras redadas relacionadas con kale borroka; y en una parte en derivación de la Ley de Partidos, que han llevado a prisión a decenas de dirigentes políticos de la izquierda abertzale.

A ello se suman las trabas para la puesta en libertad. A 18 presos que ya han cumplido íntegramente sus condenas se les ha aplicado la llamada "doctrina Parot", la 197/2006, por la que su condena se alarga de forma automática gran número de años. Esta práctica se suma a la ya "rutinaria" denegación de la libertad condicional. En este momento, se veta este derecho a 169 presos políticos vascos.

Más dispersión y menos derechos

El recrudecimiento de la política de dispersión puesta en marcha por el PSOE en 1987 viene acompañada de un endurecimiento de las condiciones de vida en las prisiones dependientes de los estados español y francés. En los dos primeros meses de este año, por ejemplo, se han producido 98 traslados de prisioneros políticos, en la mayoría de los casos por cambio de destino. Nueve de ellos se encontraban en cárceles de Euskal Herria, donde sólo quedan 25 en la actualidad.

Las limitaciones al derecho a tener unas condiciones de vida dignas abarcan desde el impedimento a estudiar en euskara y en las universidades de Euskal Herria; el estricto control de las comunicaciones o la prohibición casi total de otro tipo de actividades. Así, en enero y febrero al menos 10 visitas no pudieron realizarse, simplemente porque los funcionarios así lo decidieron. Además, en Mansilla colocaron videocámaras en los locutorios y en Soto del Real no se puede llevar papel ni bolígrafo a las visitas, que se realizan con el funcionario al lado y con la cabina del locutorio cerrada con llave.

Las condiciones extremas que viven en las prisiones han llevado a doce presos políticos a pedir su puesta en libertad por tener enfermedades sicológicas y físicas graves. La respuesta de las autoridades españolas ha sido nítida: sólo serán liberados si media arrepentimiento o situación agonizante.

Psicólogos

Este año han empezado a denegar a los psicólogos el acceso para atender a sus pacientes presos. Mansilla, Alcalá, Aranjuez, Logroño, Burgos, Soria, Iruñea, Langraiz, Puerto I, Zuera, Badajoz y Albolote lo aplican ya, según denuncia Etxerat.
parentesco

El 2 de febrero, la suegra y el cuñado de Leire Urrutia se quedaron sin visita. La dirección de Langraiz adujo que el parentesco no estaba demostrado. Urrutia y su compañero son pareja de hecho y tienen los papeles que lo demuestran.
perpignan

En el Estado francés hubo cuatro cambios de prisión hasta marzo. El caso más grave es el de José Domingo Aizpurua, que padece cáncer, ya que fue recluido en la cárcel de Perpignan, donde no hay ningún otro preso político vasco.

Al menos 36.000 de las 228.000 empresas que en 2001 recibieron subvenciones de la FORCEM, un organismo de la Unión Europea, para realizar cursos de formación, eran entidades ficticias.

Entre los estafadores se encuentran los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así como la organización de la patronal CEOE, que se aprovecharon de estas subvenciones a la formación para financiarse a lo largo de 2001.

El INEM ha comprobado que en 2001 se subvencionaron 159.000 cursos para dos millones de obreros, pero la mayoría de ellos no se impartieron.

Para realizar estos cursos, la Unión Europea destinó 600 millones de euros, gestionados por la FORCEM, de los que se calcula que el 95 por ciento fue defraudado.

Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción presentado en setiembre de 2004, la UGT robó a los trabajadores 79 millones de euros (13.160 millones de pesetas) entre los años 1997 y 2000. El sindicato amarillo se apoderó de más de siete millones de euros (1.219 millones de pesetas) correspondientes al 10 por ciento del total del dinero percibido en esos años y que la central sindical destinó a sus propios gastos.

Las conclusiones de la Fiscalía están basadas en un informe de la FORCEM, en el que se pone de manifiesto que del total de gastos presentados por el sindicato entre 1997 y 2000 sólo pueden considerarse admisibles el 3'35 por ciento.

El procedimiento abierto en la Fiscalía se remonta al año 2000, cuando se advierte la existencia de una empresa que ofrece a los trabajadores cursos gratuitos subvencionados por la Junta de la Andalucía y la Unión Europea.

Para llevar a cabo el fraude, no sólo se fingieron cursos que jamás se llevaron a cabo, sino que además se falsificaron firmas de obreros a los que se dijo que el curso tenía una duración sensiblemente inferior a la real. Se han destaparon muchas falsificaciones: diplomas enviados a alumnos que no han asistido a los cursos, identidades falsas de cursillistas, listados de alumnos inventados y facturas sin identificación fiscal. La Fiscalía dice que se trata de un delito de defraudación que puede tener serias repercusiones en la economía nacional porque se trata de un fraude comunitario.

Aunque estas investigaciones judiciales sólo afectan de momento a UGT, en otros juzgados tienen causas abiertas contra la patronal CEOE y Comisiones Obreras, también relacionadas con cursos de formación.

Jesús Giráldez Macía, autor del ensayo Tindaya:el poder contra el mito.

A pesar de la resistencia y de la cantidad de dinero público gastado y robado bajo la coartada de la obra de Chillida, el proyecto de agujerear la montaña más protegida de Canarias sigue adelante. El escultor Eduardo Chillida llegó a Fuerteventura en 1994 y le enseñaron la montaña de Tindaya. Él no la encontró, se la encontraron. Pero la historia comenzó por un sueño: el sueño del artista, la pesadilla que ha dejado insomne al espacio simbólico más relevante de una isla. Jorge Guillén escribió un verso: “lo profundo es el aire” y, según Chillida, el aire es el vacío, y el vacío hay que hacérselo a una montaña. Y lo de menos es que esa montaña tenga nombre, historia y currículum vitae. El artista tuvo un sueño y los sueños de los genios están para cumplirse.

Cuando Chillida plantea realizar en Tindaya su faraónica obra llevaba algún tiempo buscando una montaña por varios países. Al contrario que otros artistas que intervienen en el territorio, él no ideó su proyecto para un espacio concreto. La obra –en realidad un cubo de 50 metros de lado, con un gran túnel de acceso a mitad de ladera y dos enormes chimeneas hacia la cima– la tenía en su mente hasta que Tindaya le fue ofrecida por la clase política isleña. Cuando se hacen públicas sus intenciones los grupos ecologistas y personalidades científicas muestran su rechazo a que su sueño destruya ese singular espacio. Entonces el genio se destapó con algunas manifestaciones: “Los ecologistas no entienden nada de ecología, no saben de lo que hablan. Me resultaría muy frustrante no poder realizarlo, porque creo que se trata de una idea brillante y del todo inédita”. Y todo por “unos cuantos gamberros e incultos que no saben una palabra de arte”. Palabras por las que nunca se disculpó el artista sublime, un exabrupto indigno de alguien que juró y perjuró que su monumento en la montaña es un monumento a la tolerancia.

El mayor caso de corrupción

Hasta que no se demuestre lo contrario, Tindaya sigue siendo el mayor caso de corrupción de Canarias. Todo en torno al negocio de Tindaya ha sido desmesurado. Se pagaron millones de pesetas por una maqueta de la obra. Se pagaron 950 millones de pesetas para el rescate de la concesión minera que explotaba su piedra con fines ornamentales (saneando así a la empresa Cabo Verde, en quiebra técnica) cuando el pago del justiprecio no hubiese superado los cien millones (Lorenzo Olarte, vicepresidente del Gobierno, dijo entonces en el Parlamento: “¿Que se encontraba en una mala situación económica la empresa Cabo Verde? ¡Sin duda! ¿Que a lo mejor se le aportó excesivamente por eso? ¡Probablemente!&rdquo. Se pagaron 3.000 millones de pesetas por los sondeos que nunca se hicieron; 1,5 millones de euros por los sondeos que sí se hicieron (a Estudios Guadiana, la misma empresa que hará la obra). En los últimos cuatro años se han destinado más de cuatro millones de euros para el proyecto monumental, y con cargo al ejercicio de 2008 hay estipulada la cifra de 1,6 millones para continuar con el negocio. Y a todo esto hay que sumarle una cantidad indeterminada de dinero invertido en las investigaciones policiales y judiciales y en sus procesos todavía en curso.

En 1996 se forma una Comisión de Estudio constituida por seis catedráticos en derecho administrativo y prehistoria. El informe final no admite lugar a dudas. La montaña no podía ser agujereada. Dicho informe, como no fue del agrado del poder, fue enviado directamente a la gaveta donde cohabitan el olvido y la corrupción. Pero hay informes e informes. Casi diez años después se realizaron los sondeos geotécnicos que debían confirmar –sí o sí– que la obra era técnicamente viable. El informe contó con el asesoramiento medioambiental de Santiago Hernández Fernández, ex presidente de AEDENAT, y Francisco Díaz Pineda, a la sazón catedrático de ecología y presidente de ADENA. No diremos que vendieron su alma al diablo porque la intangibilidad lo desaconseja, pero ¿cuánto cobraron por vender su fuerza de trabajo al proyecto de agujerear nuestro patrimonio natural y cultural?

Recientemente, la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto (DIA) se ha sometido al período de información pública. El presupuesto de salida para la obra es de 76 millones y medio de euros. Presupuesto que termina triplicándose en todas las grandes obras públicas de Canarias. Toda una prioridad social para Fuerteventura.

Las DIA siempre dicen sí a cualquier despropósito medioambiental que se plantee. Todo se justifica a razón de lo que paga la empresa. Justificar que se agujeree el espacio más protegido de Canarias no sabemos a ciencia cierta cuánto habrá costado. Habrá que preguntarle directamente a Díaz Pineda cuánto se cobra por escribir que “… la escultura supondrá probablemente un beneficio ambiental notable para Fuerteventura y una alternativa a su modelo de desarrollo actual”. Todo esto si la Montaña no se desploma. Porque los resultados de los sondeos geotécnicos en los que se basa el proyecto dicen que “a pesar de los amplios reconocimientos realizados, aún existen ciertas incertidumbres geotécnicas (&hellip que no podrán ser resueltas de manera satisfactoria hasta que se realice una galería piloto, o incluso hasta la construcción de la escultura”.

Pues nada, ya que las leyes no pueden, que las brujas de Tindaya nos protejan de tanta política iletrada y de tanto ilustrado con precio. Porque lo de esta gente ya empieza a ser digno de una intervención paranormal a gran escala.

EL TESORO ARQUEOLÓGICO DE LA MONTAÑA DE TINDAYA
La montaña de Tindaya es el interior de un volcán cuyas lavas no vieron la luz hasta que la erosión desmanteló el edificio externo. El resultado fue una mole que se diferenciaba con nitidez de su entorno y que la hacía única en la geología de las Islas. La montaña posee valores paisajísticos, geológicos, zoológicos, botánicos, etnográficos y antropológicos. Y, lamentablemente, su piedra se parece mucho al mármol por lo que ha sido comercializada desde hace décadas. Pero quizás su principal reconocimiento le venga por haberse convertido en el Axis-Mundi de una cultura ya extinguida. Su valor arqueológico más conocido es el de contar con la mayor estación de grabados podomorfos de Canarias y una de las mayores del mundo. En total se han encontrado 290 grabados que se distribuyen en casi 60 paneles. Estos grabados dibujan siluetas inequívocas: parejas de pies y más pies. La gran mayoría dirigen los dedos hacia el oeste y suroeste coincidiendo con algunos puntos geográficos y astronómicos relevantes. Existían varios poblados permanentes en la base de la montaña que han sido parcialmente demolidos por las actividades destructivas de las canteras. En 1998 se constató la existencia de 12 estructuras de piedras vinculadas a numeroso material lítico, a cerámica, a restos óseos caprinos, a conchas de moluscos y a cenizas. Paradójicamente la montaña de Tindaya es el espacio natural de Canarias más protegido legalmente. Es Monumento Natural, Área de Sensibilidad Ecológica, Monumento Histórico- Artístico, Punto de Interés Geológico, Bien de Interés Cultural, está incluido en el Plan de Protección del hábitat de la Cornúa (especie botánica en peligro de extinción) y es Zona de Interés Botánico y Zoológico. Por eso, el consejero de Medio Ambiente de Canarias ha manifestado que hay que “dejar en suspenso toda la normativa que pueda suponer un obstáculo jurídico”.

Jesús Giráldez Macía Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1964. Es licencia-do en Filosofía y Letras, especialidad en Historia Contemporánea, por la Universidad de Granada. Ejerce actualmente como profesor de enseñanza secundaria en Puerto Cabras, Fuerteventura. Autor del ensayo Tindaya, el poder contra el mito, prologó la reedición del libro de sonetos de Miguel de Unamuno De Fuerteventura a París, publicado por Ediciones Idea dentro de su colección Visiones desde fuera. Colaborador habitual de la prensa escrita y virtual isleña con su columna La Pejiguera, donde vierte una visión crítica y sarcástica de la realidad política y social majorera. Investiga en la actualidad sobre la biografía política de José Cabrera Díaz y sobre la deportación de anarquistas a Canarias durante la Segunda República.